La Municipalidad La Falda podrá rematar las motos y autos que no sean reclamadas por sus dueños/as y permanezcan retenidos en depósitos municipales durante un período mayor a 90 días. El plazo comenzará a correr a partir de que quede firme la multa del Juzgado Administrativo de Faltas Municipal por la infracción que involucra al vehículo y sea debidamente notificada a su dueño/a.
Se trata de la ordenanza de “Reglamentación del remate público, descontaminación, compactación, disponibilidad y/o dación de pago de vehículos que se encuentren retenidos o secuestrados en depósitos municipales” elaborada por el Poder Ejecutivo y aprobada esta semana en el Concejo Deliberante por mayoría, pero sin el acompañamiento de la oposición, que reclamó más tiempo para su tratamiento.
En primera instancia, la norma apunta a resolver el problema de saturación de estos espacios ante la gran cantidad de vehículos acumulados, aunque también permite regularizar la deuda que pesa sobre sus dueños con el municipio.
Para ello, además del remate la medida estipula otras alternativas: por un lado habilita a los/as infractores a entregar el vehículo secuestrado como parte de pago para la cancelación total o parcial de la multa; permite a la Municipalidad hacer uso de los mismos incorporándolos al inventario de su flota municipal; rematarlos como chatarra o bien compactarlos.
“Estamos ampliando la ordenanza de 2016, que habilita el remate, pero que era bastante escueta. Con la nueva norma se le permite al Ejecutivo tomar medidas por varias vías para resolver el problema de la acumulación de vehículos. Es una ordenanza que la tenemos que poner en práctica; probar qué opción funciona mejor y la vamos a ir regulando mediante decretos. Los autos son menos, pero sí tenemos muchas motos que nadie reclama y generan un problema de infraestructura”, señaló a La Estafeta el secretario de Desarrollo Institucional local, Gonzalo Murúa.
En la actualidad, la Municipalidad cuenta con tres depósitos en los que retiene cientos de vehículos en infracción: el patio de la sede municipal; el depósito judicial lindero a la fábrica Premoldeados La Falda y un local alquilado frente a la comisaría.
Respecto a la notificación sobre la posibilidad de remate, Murúa, agregó: “Desde el momento en que se le haga la multa la persona va a tomar conocimiento de que si no la retira y cancela la deuda puede ocurrir el remate. Luego viene el procedimiento, donde el infractor puede hacer un descargo o recurrir la decisión del Juzgado. Eso puede durar meses, pero una vez que la sentencia está firme comienzan a correr los 90 días. Cumplido el plazo la Municipalidad puede decidir qué hace con el vehículo: si lo remata o lo utiliza con un fin público. También lo puede entregar como parte de pago, y si cubre todos los gastos, incluyendo estadía y traslado, podrá acceder a un libre deuda”.
La norma alcanza a vehículos retenidos por infracciones de tránsito; que hayan sido retirados de espacios públicos en estado de deterioro, inmovilidad o abandono; que se encuentren en depósito con anterioridad a la vigencia de la ordenanza; que no posean asignada identificación de dominio y aquellos que no puedan ser identificados.
Para el remate se tomará como base de venta el monto de la sentencia dictada por el Juzgado de Faltas, más los gastos de traslado y estadía, a menos que se trate de bienes de escaso valor, que quedará a criterio del martillero interviniente. En este último caso podrá realizarse el remate sin base y al mejor postor.
Lo recaudado en los remates será destinado a cubrir costos administrativos del remate y al pago de la multa, aunque en caso de quedar algún saldo, este será puesto a disposición del titular del dominio registral de la unidad rematada.
