Con cuestionamientos enfocados en la letra del artículo 15, que “prohíbe” modificaciones en las edificaciones construidas hasta 1980, y varios cruces verbales entre las/os oradores y asistentes, la audiencia pública por el proyecto de ordenanza para la “preservación, protección, conservación y mantenimiento” del Patrimonio Cultural y Natural de La Falda finalmente pasó a un cuarto intermedio.
Si bien el proyecto había sido aprobado en primera lectura el pasado 12 de agosto y debería ser tratado en el recinto para su aprobación en segunda lectura en un plazo no mayor a 25 días, la continuidad de la audiencia de este viernes volverá a ser discutida en comisión por los integrantes de ambos bloques legislativos.
Este escenario podría derivar en que el tratamiento de la ordenanza se posponga hasta el período legislativo 2027.
Durante casi tres horas, en el Salón Leopoldo Marechal, poco más de medio centenar de vecinos/as, entre ellos corredores inmobiliarios, desarrollistas, arquitectos, martilleros públicos, dueños de alojamientos turísticos y propietarios de viviendas incluidas en el Registro Único Municipal de Interés Patrimonial (RUMIP) —que agrupa los bienes plausibles de ser declarados patrimonio—, plantearon a las autoridades sus cuestionamientos y dudas sobre la ordenanza.
Las/os oradores que defendieron el proyecto fueron la directora de Cultura, Ana Elizondo; la presidenta de la Junta Municipal de Historia, Karim Blanco; y el arquitecto Fabio Grementieri —asesor en el armado de la ordenanza—, quien, a la media hora de comenzada la audiencia y tras los planteos del segundo asistente que tomó la palabra, se retiró del salón entre gritos y acusaciones cruzadas, en lo que fue el momento más tenso de la audiencia.
Puntualmente, el artículo 15 prohíbe “las demoliciones; modificaciones; fragmentaciones; subdivisiones; o cualquier otro trabajo que implique alterar el estado actual de las edificaciones para todas las propiedades construidas hasta el año 1980, incluidas o no en el RUMIP, a excepción de aquellas que cuenten con dictamen favorable por parte de la Secretaría de la que dependan las áreas de Cultura y obras privadas”.
Los vecinos/as remarcaron que el texto “avasalla la propiedad privada”, que es anticonstitucional y advirtieron sobre “posibles judicializaciones” ante la intervención del Estado municipal, planteando qué modificaciones podrían o no hacerse en las propiedades.
Además, alertaron que el proceso burocrático para obtener el dictamen favorable “demoraría inversiones inmobiliarias y ventas y podría fomentar que casas de la ciudad queden sin habitar” ante los altos costos de mantenimiento. Sobre los beneficios impositivos otorgados a cambio, afirmaron que “no son suficientes” para cumplir con las demandas de conservación que plantea la ordenanza.
También solicitaron la participación de Colegios de Profesionales en la elaboración del dictamen y que se evalúe el límite impuesto en el año 1980.
Por su parte, Elizondo y Blanco defendieron la ordenanza, manifestando que la misma establece categorías y niveles de conservación y remarcaron que el espíritu de la norma apunta a establecer una “instancia superadora para la ordenanza vigente”, que prohíbe las demoliciones de propiedades de más de 50 años de antigüedad.
“No queremos impedir por impedir, simplemente queremos un desarrollo de la ciudad ordenado y consensuado con el privado”, resaltó Elizondo tras confirmar que “volverán a trabajar sobre el artículo 15”.
Finalmente, ante la solicitud de los participantes de votar una moción para pausar el tratamiento de la ordenanza, la presidenta del Concejo Deliberante, Luciana Pacha —en acuerdo con todos los concejales de ambos bloques—, dictó el cuarto intermedio que puso en pausa la audiencia.
