Verónica Fabro, exjefa del PAMI La Falda y actual concejala de Huerta Grande, deberá pagar 3,1 millones de pesos en concepto de “reparación integral”, luego de que el Tribunal Federal N°2 de Córdoba aceptara el pedido de su defensa de “reparación del perjuicio” en una causa por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en la que estaba involucrado Mario Decara, exdefensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Fabro será sobreseída luego de completar el pago de seis cuotas consecutivas de 500 mil pesos al PAMI y 100 mil extras al Centro de Jubilados de Huerta Grande, publicó La Voz.
La causa comenzó a partir de la denuncia que los dueños del local donde funcionaba por entonces la sede del PAMI La Falda (en España 263).
Según la acusación, al elevar a mediados de 2014 el pedido de cambio de inmueble Fabro no puso “en conocimiento” de la Unidad de Gestión Local (UGL) III del PAMI su vínculo con Decara, lo que “podía involucrar falta de objetividad en la negociación”.
La Justicia consideró probado que la también exdirectora de Desarrollo Social de Huerta Grande en la gestión del exintendente Matías Montoto; expresidenta del PJ local y excandidata a intendenta de Huerta Grande en 2023, había intervenido en el procedimiento de alquiler con un interés distinto al de su rol como funcionaria y a partir del “vínculo previo” que mantenía con el Defensor del Pueblo de Córdoba; su hermano José Luis Decara y su esposa, Claudia Clara Gontero, propietarios del inmueble, informó el mismo medio.
Fabro había resaltado que el costo de alquiler era inferior respecto del que ocupaban en ese momento y que contaba con mayores dimensiones y mejor ubicación, aunque el primer llamado a concurso fracasó a finales de 2015 porque la Comisión Evaluadora dictaminó que José Decara había alterado la oferta al presentar inicialmente un precio por el alquiler y luego modificar los términos.
En el concurso fracasado de 2015, la propiedad que se ofreciera debía tener, entre otras especificaciones, una superficie mínima de 190 metros cuadrados cubiertos, mientras que la oferta de los Decara era de 310 metros cuadrados.
Al actualizar los datos para el cálculo de metraje del futuro local, Fabro detalló nuevamente los aspectos y solicitó que el inmueble tuviera más espacio físico, por lo que pasó de pedir 190 metros cuadrados a solicitar 300 m2.
Días antes de que Fabro especificara las nuevas necesidades de la sede, Mario Decara solicitó al Pami el pase de la funcionaria a la Defensoría. La solicitud fue denegada.
Finalmente, el local de los Decara fue adjudicado en 2017.
Previo a la confirmación del procesamiento de Fabro, en mayo de 2023, su defensa argumentó que no había sido ella quien había adjudicado la contratación; que nunca tuvo un interés distinto al de su rol como funcionaria y que el vínculo con Decara no se demostró. Además, plantearon que el oferente había sido José Decara y no el por entonces defensor del Pueblo de la Provincia, quien poseía una porción minoritaria del inmueble.
