El gobernador Martín Llaryora firmó este martes el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos. La iniciativa habilita al Estado provincial a actuar sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito.
Además, abarca propiedades abandonadas, desocupadas o en estado de deterioro que “faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad”.
En caso de ser aprobada por la Legislatura, los municipios y comunas deberán adherir mediante la sanción de ordenanzas específicas.
El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, “siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales”, se informó.
En tanto, cuando la complejidad del caso lo requiera, y especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar desalojos, demoliciones o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
La propuesta crea además un esquema para que “los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la lucha contra ese delito”. En ese marco, el 60 por ciento de los fondos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
También se propone la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.
