El Gobierno de la Provincia envió esta semana un proyecto a la Legislatura para modificar el Código Procesal Penal de Córdoba. Denominada “Ley Joaquín”, la propuesta, entre otras medidas, crea un nuevo artículo sobre juicio abreviado en el que establece que las víctimas deberán ser informada y consultadas obligatoriamente en delitos graves (contra la vida, integridad sexual, libertad, robos agravados o violencia de género) antes de que se adopten decisiones clave dentro del proceso penal.
En la práctica esto significa que, antes de que la Justicia acepte un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa para un juicio abreviado —en el que el acusado reconoce los hechos para recibir una pena menor sin ir a juicio— o evalúe una solicitud de libertad condicional, la víctima deberá recibir información adecuada y podrá expresar su opinión o plantear observaciones, aunque la decisión final seguirá siendo del juez.
Otros cambios relevantes que se destacan son la habilitación expresa para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes; reforzamiento de la obligación de informar y notificar a víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos; prevención estricta de la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias; establecimiento de modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar y participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba, se informó.
El proyecto resguarda además otros derechos, com el trato digno, privacidad y no revictimización; información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias; acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario; participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave; asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua; medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación y reparación integral del daño, por vía penal o civil, indicó el Gobierno.
El nombre del proyecto rinde homenaje a Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años asesinado en julio de 2023 en Laboulaye, al sur de la Provincia de Córdoba.
El caso tuvo fuerte repercusión pública, ya que el principal señalado por el hecho fue un compañero de colegio de su misma edad, lo que implicó que la causa quedara bajo el régimen penal juvenil.
