En medio de una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de Córdoba, el gobierno provincial anunció este miércoles que obligará a los padres o tutores de los menores responsables a afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones generen.
El nuevo protocolo, formalizado por el Ministerio de Seguridad, establece que “los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia”.
Y agrega: “Toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos”.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención, mientras que el Estado “avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales”, se detalla.
El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, remarcó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
