La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado por el Congreso de la Nación como parte de la ley Bases.
El texto autoriza al Ejecutivo provincial a fijar beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y una estabilidad por 30 años para fomentar inversiones de capital privado en la provincia, aunque la oposición cuestionó que no se debatió en comisión y advirtió que se trata de “un cheque en blanco” para el gobernador.
La iniciativa habilita al Gobierno provincial “a incrementar los incentivos para grandes inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo, y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes, además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear”.
Este fue un punto cuestionado por la oposición por considerarlo carente de detalles y con amplias facultades para el Ejecutivo. En las puertas de la Legislatura se desarrolló además una protesta de integrantes de organizaciones ambientales, que advirtieron sobre el impacto que esta ley tendrá en la protección de los recursos naturales de la provincia.
El legislador y presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, señaló que el proyecto “es un RIGI a la cordobesa; que busca promover la radicación de empresas e industrias, y generar empleo”.
Por su parte, el legislador Ricardo Sosa, quien preside la Comisión de Economía y Presupuesto de la Unicameral, señaló: “Este proyecto es superador porque se introducen mecanismos complementarios que garantizan una mayor competitividad para la provincia, generando empleo y consolidando a Córdoba como un polo de desarrollo económico industrial”.
El proyecto de ley del RIGI (que consta de seis artículos) quedó aprobado en general sobre tablas por 39 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. También quedó aprobado en particular (artículo por artículo) por mayoría.
El arco opositor de Juntos por el Cambio presentó un proyecto alternativo, pero no consiguió los votos necesarios. Esta propuesta de incentivos incluía a la industria metal metalmecánica; la industria turística, con un criterio de sustentabilidad, y buscaba garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Córdoba y las limitaciones, por ejemplo, en relación a la minería a cielo abierto y la minería nuclear.
“Era nuestra intención poder controlar cuáles eran las inversiones que pudiesen llegar a nuestra provincia y de esta manera poder cuidar sectores claves de nuestra economía. Sin embargo, fuimos desoídos”, indicó un comunicado del bloque radical.
El proyecto de ley invita a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios” para las propuestas productivas que lleguen.
