Este lunes se cumple un año del crimen de Jonatan Romo en la comisaría de La Falda. El caso que conmocionó a la localidad y sacudió a la cúpula de la Policía de Córdoba tiene hoy a seis efectivos imputados, aunque todos se encuentran en libertad.
Si bien el fiscal Raúl Ramírez había enviado a juicio a cuatro policías por el delito de homicidio calificado y a otros dos por encubrimiento agravado, el juez de Control de Cosquín Ramiro Núñez rechazó el planteo y le devolvió el expediente. Para el magistrado, con los datos recolectados, “no existe mérito para acusar ni tampoco para sobreseer” a los policías, por lo que a mediados de mayo pasado ordenó a la Fiscalía de Instrucción que profundice la investigación. El argumento es que no está probado que lo hayan asesinado de manera intencional.
A partir de entonces la investigación del fiscal Ramírez avanza especialmente sobre nuevos datos de la autopsia. En base a los resultados podrá mantener la acusación original a partir de la nueva prueba recolectada o, eventualmente, modificarla a un hecho culposo (negligencia o impericia), es decir, que no hubo intencionalidad en el asesinato del hombre de 35 años.
“Se están ampliando los puntos de investigación que pidió el juez de Control. En principio yo sostendría la acusación, aunque eso va a depender de esta ampliación que tiene que ver con datos científicos de la autopsia: revisar algunos puntos que van a permitir evaluar la naturaleza de dolo, si hubo o no”, señaló el fiscal Ramírez a La Estafeta.
Y agregó: “Todo el procedimiento de la investigación se hizo con participación de las partes. Lo que hay que hacer ahora es ampliar la cuestión científica. Las partes tienen amplio derecho en peticionar y ofrecer pruebas nuevas, pero no de lo que ya se investigó. Todo lo que sea prueba nueva se acepta mientras sea pertinente y útil a la investigación”.
El fiscal se pronunció de este modo en alusión al rechazo a nuevos pedidos de la querella, entre ellos la ampliación de las testimoniales de las personas que estuvieron en el lugar de la detención y no sólo de las que habían estado detenidas en los calabozos de la comisaría de La Falda, y la reconstrucción de los hechos dentro de la dependencia policial.
Gustavo Pérez, abogado de la familia, también solicitó la ampliación de la calificación legal, agregando al delito de homicidio calificado la “omisión de auxilio y abandono de persona”, que trae una pena de 5 a 15 años de prisión en caso de muerte. Y, además, pidió “la inmediata detención de los imputados”, que habían sido liberados al culminar la instrucción original.
“El fiscal no nos dio nada de lo que pedimos. Únicamente atinó a complacer a lo que solicitaba el juez de Control. Ante eso elevé una oposición y el fiscal elevó esa oposición al juez de Control. También informé esto al fiscal General de Córdoba y este solicitó un informe al juez de Control y estamos esperando esa respuesta. Queremos justicia porque si los efectivos hubieran actuado bien hoy Jonatan estaría vivo”, señaló Pérez a este medio.
Los imputados son los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri; los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez, acusados por homicidio calificado por abuso de sus funciones; y el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, por encubrimiento agravado. En estos dos últimos casos, por no haber denunciado lo sucedido ni haberlo hecho constar en el libro de guardia.
“Nos reunimos con autoridades del Ministerio de Justicia de Córdoba y la delegada de Derechos Humanos y nos brindaron su apoyo. Lo mismo hizo el director de Conducta Policial, que nos recibió. Administrativamente sostienen lo mismo que nosotros, porque la autopsia es clara: hubo asfixia y golpes. Al igual que nosotros, no pueden creer que estén libres porque si pidieron que se vuelva a foja cero, por sentido común, deberían estar presos. Incluso la defensa de uno pidió que lo dejen volver a trabajar, algo que le denegaron”, señaló a La Estafeta Hernán Romo, hermano de Jonatan.
El asesinato de Jonatan ocurrió el 10 de julio de 2022 y la autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica producida por un tercero. Fue tras ser detenido en la puerta de una despensa del barrio Río Grande, en La Falda, en medio de un brote psicótico provocado por su consumo problemático de estupefacientes.
Al ser indagados, todos los uniformados rechazaron los cargos y algunos, incluso, negaron conocer el protocolo para actuar ante una persona que sufre una crisis psiquiátrica.
Sobre cómo vive la familia a un año del crimen, Hernán, completó: “Fue un año complicado. No hemos parado y para nosotros es muy difícil, pero para mi mamá peor, como lo sería para cualquier padre. No podés hacer el duelo e incluso hace poco nos cruzamos con uno de los imputados en una cancha de futbol a la que llevamos a jugar a los hijos de mi hermano. Estaba ahí, como si nada. No queremos pensar que les queda a los testigos el día que tengan que prestar declaración, no se puede creer”.
Si bien la idea era marchar este lunes para reclamar avances en la causa, la familia organiza por estas horas una movilización para la última semana de julio en La Falda.
