Integrantes de asambleas ambientales de Punilla se convocaron el pasado jueves junto a otras organizaciones de diversos puntos de la provincia en el edificio del Tribunal Superior de Justicia para reclamar respuestas ante la demora en el tratamiento de los amparos y causas ambientales vinculados, entre otros, a la construcción de la Autovía en el departamento. Hubo un acampe en las puertas del Palacio de Justicia y una protesta pacífica en el hall central del edificio.
En principio, los ambientalistas se presentaron con un petitorio dirigido al TSJ y al fiscal general, reclamando por “la enorme demora en el tratamiento de los amparos y causas ambientales, como por los fallos arbitrarios que se dan sistemáticamente en la Justicia de Córdoba”. Luego de varias horas de reclamar fueron recibidos por autoridades, finalmente a las 14.00 unos 15 representantes de diferentes asambleas ambientales y comunidades indígenas, demandantes en diferentes causas judiciales, se reunieron con la secretaria de la sala Penal María Pueyrredón y tres letradas del área de derechos humanos.
“Denunciamos ante las funcionarias que la falta de tratamiento de los amparos, la demora en el dictado de medidas cautelares, la negativa de habeas corpus, es funcional a la actual avanzada devastadora de las topadoras sobre el monte nativo, sobre sitios arqueológicos y sagrados, cuencas hídricas; pero también, avalan la avanzada de la violencia institucional sobre defensorxs ambientales, pobladorxs locales y comunidades indígenas en los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Si bien hubo un compromiso de la secretaria a trasmitir el reclamo al vocal del TSJ, los asambleístas decidieron no moverse de la sala hasta tanto se tomaran “medidas concretas”. Pidieron entonces como condición para retirarse que se dictaran un Habeas Corpus para proteger a los ambientalistas de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, medidas cautelares que frenen las obras hasta que se resuelva la cuestión de fondo y el sobreseimiento de los asambleístas judicializados.
Según informaron los asambleístas, ese acuerdo no fue aceptado, por lo que decidieron permanecer en la sala, sin la posibilidad de recibir alimentos ni de ir al baño. Mientras, los manifestantes que los esperaban afuera decidieron acampar. Finalmente, ante el compromiso de una audiencia para el día próximo y ante las “amenazas de desalojo e imputaciones”, los ambientalistas decidieron retirarse del lugar hacia la medianoche y sumarse al acampe, luego de permanecer allí por más de nueve horas.
A la mañana siguiente, los asambleístas se reunieron en Tribunales II con la jueza de Control de 9na Nominación, Celeste Ferreyra, quien –según informaron las organizaciones ambientales- “se comprometió a estudiarlo”.
“Estamos en un momento sin precedentes de crisis ambiental, corrupción y violencia institucional en la provincia de Córdoba. Lxs defensorxs ambientales ya hemos agotado todas las instancias administrativas y procesales, hemos sido respetuosos y pacientes y sólo hemos recibido negación, burlas y violencias del Estado”, señalaron las organizaciones.
