Familiares de Jonatan Romo, el hombre por cuyo crimen en la comisaría de La Falda permanecen detenidos seis efectivos de la Policía, realizaron este lunes una presentación para que se abra un proceso de enjuiciamiento contra la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, por «mal desempeño y negligencia grave y supuesta comisión de delitos».
La presentación fue realizada en nombre de los hijos menores de edad de Romo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba y responde a la actuación de Kelm en un episodio previo al crimen de Romo.
Los detalles del pedido recién se conocerán este martes, aunque el abogado de la familia, Luis Galli, adelantó a la prensa que se basa en el hecho de que la fiscal Kelm encubrió una golpiza policial ocurrida el 19 de diciembre de 2021 contra Romo, de 35 años, quien el domingo 10 de julio pasado tuvo una “muerte violenta” en la comisaría de La Falda, poco después de su detención en estado de alteración psíquica.
«La familia de Romo le pidió a la fiscal que lo enviara a un establecimiento especializado, por su adicción a las drogas. Sin embargo, Kelm lo envió a la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) sin medicación, sin tratamiento y con el riñón perforado. Tres meses con infección en el riñón y las muñecas por estar internado esposado por orden de ella, salió de ahí y no se recuperó más. Tuvo el segundo hecho y muere», señaló Galli en declaraciones a Cba24.
El letrado insistió en que Kelm “es la responsable por la muerte» de Romo y agregó: «No era un delincuente, era un adicto. Me sorprendió su falta de humanidad. Voy a probar que actuó mal y con maldad. No puede estar en un cargo público una persona que le importe un bledo la vida humana».
El artículo 154 de la Constitución de la Provincia señala que «los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta», mientras que «sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica», por lo que «gozan de la misma inmunidad de arresto que los legisladores».
Para su remoción debe actuar un Jurado de Enjuiciamiento, que funciona en la Legislatura y está integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores, dos por la mayoría y dos por la minoría.
No es la primera vez que la actuación de Kelm es cuestionada: los familiares de Cecilia Basaldúa, la joven asesinada en Capilla del Monte, también habían señalado que impulsarían un pedido de remoción contra la fiscal por deficiencias en la investigación del femicidio, aún impune tras la absolución del único detenido y acusado por el hecho.
