El intendente de La Falda, Javier Dieminger, vetó la ordenanza que eliminaba el adicional por gastos de representación que perciben funcionarios del Ejecutivo municipal y que había sido aprobada en la sesión del pasado 17 de junio con el acompañamiento de concejales del bloque oficialista.
La medida alcanzaba al intendente, la viceintendenta y secretarios, y el veto se conoció este miércoles luego de que el proyecto volviera a tomar estado legislativo para un nuevo tratamiento en comisión. Sin embargo, para su confirmación —según el artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal— requerirá esta vez una mayoría de dos tercios (seis votos).
En sus argumentos, el decreto con fecha del 18 de junio señala que la ordenanza aprobada tiene “un vicio de interpretación técnico, administrativo y conceptual gravísimo”, ya que confunde los fondos fijos destinados exclusivamente al funcionamiento de las áreas municipales —cuyo control recae sobre el Tribunal de Cuentas e incluyen recursos de movilidad, telefonía celular y viáticos— con “beneficios personales o retribuciones para los funcionarios”.
En esta línea, advierte sobre un “desconocimiento alarmante de la contabilidad pública municipal” por parte de los concejales. Y agrega que, amparado en leyes provinciales, el adicional por “Responsabilidad Funcional” (o gastos de representación) busca “compensar la extrema y personal carga de responsabilidad civil, penal, administrativa y política” que asumen los máximos funcionarios del Ejecutivo en sus actos de gestión.
A su vez sostiene que el reemplazo de esa compensación con partidas destinadas al funcionamiento diario de las dependencias “es jurídicamente insostenible”, y afirma que la ordenanza omite establecer plazos, por lo que se trata de una “grave omisión técnica que vulnera el principio de seguridad jurídica”.
Finalmente, sostiene que la prohibición de crear a futuro “cualquier otro concepto remunerativo o no remunerativo” para reemplazar los gastos de representación —plasmada en el artículo 2 de la ordenanza— “incurre en una extralimitación de facultades del Concejo Deliberante” e intenta “limitar atribuciones exclusivas del intendente para fijar la estructura, organización funcional, pautas paritarias y políticas del Estado local”.
Los gastos de representación se traducen en un 20% no remunerativo sobre el sueldo básico y se asignan para cubrir gastos vinculados al ejercicio del cargo.
En abril pasado, el Ejecutivo había dispuesto el congelamiento del salario de todos los funcionarios electos y designados, por lo que el sueldo de bolsillo del intendente quedó en unos 4,5 millones de pesos; el de la viceintendenta, en unos 4 millones; y el de los/las secretarios/as, en 3,9 millones de pesos.
El proyecto había sido impulsado por la concejala Gabriela Sacco, del bloque La Falda en Acción, y fue acompañado por su compañero de bancada Francisco Villanueva y las concejalas oficialistas Ludmila Ochoa, Alicia Auferil y Karen Tymoszczuk.
En tanto, los concejales de Juntos por La Falda Daniel Pino —quien presidió la sesión del 17 de junio por la ausencia de la presidenta del Concejo, Luciana Pacha—, Ricardo Agost y Javier Montes votaron en contra.
