El derrotero judicial de la causa por el crimen de Jonatan Romo sumó esta semana un nuevo capítulo, que podría derivar en un juicio abreviado con penas de cumplimiento condicional para tres de los policías imputados por el homicidio del hombre de 35 años, ocurrido en la comisaría de La Falda el 10 de julio de 2022.
El pedido había sido presentado la semana pasada por los abogados defensores de los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri, y el cabo Hernán Suárez, actualmente imputados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”, luego de que en junio de este año la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores disminuyera la gravedad de las imputaciones, cambiándolas de “homicidio doloso” a “culposo” ante un requerimiento de la defensa.
La solicitud de juicio abreviado había sido aceptada la semana pasada por el fiscal Nelson Lingua, que elevó el pedido al Juzgado de Control de Cosquín, luego de que la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje remitiera nuevamente la causa al Ministerio Público Fiscal de Cosquín advirtiendo que los imputados no habían sido notificados debidamente del cambio de la acusación.
Finalmente, este lunes el Juzgado de Control de Cosquín declaró su “falta de competencia y jurisdicción” ante el requerimiento y lo devolvió a la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje que definirá en los próximos días si da lugar a un juicio abreviado, o bien establece una fecha de juicio oral y público, tal como pide la parte querellante que representa a la familia Romo.
Con la imputación actual, Aguilera, Geri, Suárez podrían ser condenados a una pena de entre 1 y 5 años de prisión, aunque en caso de que la Cámara Criminal de Cruz del Eje acepte el juicio abreviado, la pena se reduciría a 1 año y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público, y quedarían en libertad condicional.
El abogado de la familia de Romo, Gustavo Pérez, rechazó el pedido de la defensa señalando que el juicio abreviado es “un negocio que solo beneficia a los autores del hecho” y advirtió que la causa corre el riesgo de “diluirse”.
“Con la resolución del Juzgado de Control, que a su vez se mantiene en el pedido de elevación a juicio oral, ahora la solicitud de la defensa vuelve a la Cámara Criminal de Cruz Eje para que defina. Pero nosotros ya no creemos en esto y no sabemos si iremos a un juicio. Pareciera que todo se va a diluir, que va a ser espuma. Es un manejo que se está dando por arriba de las instituciones y hay gente que no quiere que esto salga. Estamos luchando contra el poder político”, afirmó a La Estafeta Pérez.
Y agregó: “El juicio abreviado es un negocio que solo beneficia a los que cometieron el hecho. Estuvieron cuatro meses presos, pero se van a ir con libertad condicional. No van a poder ser más policías, sí, pero la muerte de Jonatan va a quedar en el aire y ellos se van a su casa. Queda la familia, que se va a tener que ver las caras todos los días con las personas que mataron a Jonatan”.
Pérez criticó además el accionar de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje y el fiscal Nelson Lingua, remarcando que no había “razones jurídicas” para que se habilite el pedido de juicio abreviado y afirmó que en la causa hay pruebas “superlativas” para demostrar su acusación original de “homicidio doloso calificado por abuso institucional”, con una pena de prisión perpetua.
“La Cámara podía notificar a los acusados, pero abrió un portón gigante y lo devolvió a Cosquín. Llama la atención que el fiscal Nelson Lingua, en desconocimiento de la situación, haya aceptado el juicio abreviado. Él debería haber mantenido el pedido de elevación a juicio que hicieron en junio de 2024 el fiscal Raúl Ramírez y el Juzgado de Control de Cosquín”.
Y aseguró: “Las pruebas que hay en el expediente son superlativas para calificarlo como homicidio doloso: hubo asfixia mecánica; está el video cuando lo golpean; hay escuchas telefónicas y testigos que, si hubiera debate oral, se puede cambiar la calificación legal y salen culpables”.
Finalmente, sobre la situación del resto de los imputados, el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez aguardan la elevación a juicio acusados de “encubrimiento agravado”, en tanto que el cabo Juan Pablo Zunino ya había sido excluido de la acusación de homicidio por falta mérito.
