La causa por el crimen de Jonatan Romo transita días claves para determinar si los tres policías imputados por el homicidio del hombre de 35 años, ocurrido en la comisaría de La Falda el 10 de julio de 2022, serán juzgados en un juicio oral, tal como reclama la familia, o bien en un juicio abreviado con penas de cumplimiento condicional.
Este miércoles el Juzgado de Control de Cosquín, a cargo de Ramiro Núñez, volvió a rechazar -por segunda vez- el pedido de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje para que habilite el juicio abreviado, e incluso remarcó que el juicio oral debe ser llevado adelante con la conformación de un jurado popular. La Cámara tendrá un plazo de seis días para resolver.
“El juez de Control fue intimado por la Cámara a que diera lugar al juicio abreviado, pero no solo se mantuvo en su posición inicial de rechazarlo, sino que además plantea como indispensable un juicio oral y público con jurados populares porque en esa instancia, entre otros aspectos, la pena puede agravarse”, afirmó a La Estafeta el abogado de la familia de Romo, Gustavo Pérez.
Y agregó: “La muerte de Jonatan se produjo dentro de la comisaría de La Falda y la autopsia determinó que murió por asfixia mecánica y los golpes recibidos. Por eso tenemos que escuchar a los médicos forenses y los testigos en un debate oral para que la verdad salga a la luz. En un juicio abreviado no se va a saber. Es un negocio entre la Fiscalía de Instrucción (a cargo de Nelson Lingua) y la defensa, donde nuestra opinión como querella no es vinculante”.
El pedido de juicio abreviado había sido presentado la primera quincena de noviembre por los abogados defensores de los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri, y el cabo Hernán Suárez, actualmente imputados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”. Fue luego de que en junio de este año la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores disminuyera la gravedad de las imputaciones, cambiándolas de “homicidio doloso” a “culposo” ante un requerimiento de la defensa.
Con la imputación actual, Aguilera, Geri, Suárez podrían ser condenados a una pena de entre 1 y 5 años de prisión, aunque en caso de que la Cámara Criminal de Cruz del Eje de lugar al juicio abreviado, la pena se reduciría a un año y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público, y quedarían en libertad condicional.
En tanto, con la acusación original por homicidio calificado por abuso institucional, que había sido fijada en abril de 2024 por el fiscal Raúl Ramírez (hoy fuera de la causa e imputado por encubrimiento en un caso de narcotráfico que involucra a efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Cruz del Eje) la pena podría ser de prisión perpetua.
“Es indispensable un juicio oral con jurados populares para que la sociedad se vea reflejada de que se está aplicando una verdad. Todo es incertidumbre porque no se valoró la prueba y la dilatación de los tiempos nos hace ruido. Creo que la Cámara ya no puede oponerse, tiene que fijar día y hora de la primera audiencia del juicio. Queremos saber la verdad, y la verdad nuestra es que lo mató la policía”, completó Pérez.
Los otros dos policías imputados, el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, aguardan la elevación a juicio acusados de “encubrimiento agravado”. En tanto que el cabo Juan Pablo Zunino fue excluido de la acusación de homicidio por falta mérito.
