La Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje fijó este jueves la fecha de inicio del juicio oral y público contra dos policías imputados por encubrimiento agravado en la causa por el crimen de Jonatan Romo, ocurrido en 2022 en la comisaría de La Falda.
El debate comenzará el próximo 6 de agosto y se extenderá durante otras tres jornadas: 7, 10 y 13 de ese mes, según se dispuso en la audiencia preliminar llevada a cabo en los tribunales de Cruz del Eje.
Los imputados son el subcomisario Pablo Zárate y el agente Lucas Giménez, quienes llegarán al juicio en libertad y enfrentarán una acusación con una posible pena de entre tres meses y seis años de prisión en caso de ser declarados culpables.
Así lo confirmó a La Estafeta el abogado de la familia de Romo, Gustavo Pérez, quien remarcó que al inicio de la audiencia la Cámara planteó la posibilidad de realizar un juicio abreviado, aunque esa alternativa fue desestimada por las partes.
“La Cámara planteó un juicio abreviado, pero en la querella nos opusimos y la defensa de los acusados manifestó que quiere ir a un juicio oral, al igual que nosotros. También la fiscal de Cámara lo consideró inconveniente, teniendo en cuenta que la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores tiene que resolver si da lugar, o no, al pedido de juicio abreviado de los otros tres policías imputados por homicidio”, contó Pérez.
En paralelo al juicio por encubrimiento, la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores debe resolver en las próximas semanas la apelación presentada por la defensa de los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri, y del cabo Hernán Suárez —acusados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”—, quienes en acuerdo con la Fiscalía de Instrucción de la causa habían solicitado en noviembre pasado la realización de un juicio abreviado.
A fines de 2025, ese pedido fue rechazado en dos oportunidades por el juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, y luego fue apelado ante la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores.
Con la imputación actual, Aguilera, Geri y Suárez podrían ser condenados a una pena de entre uno y cinco años de prisión, aunque en caso de ser juzgados mediante un juicio abreviado, la condena se reduciría a un año y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público, y quedarían en libertad condicional.
“En el transcurso de los próximos 45 días la Cámara de Villa Dolores debería expedirse. Si da lugar al juicio abreviado, el juez podría volver a plantearlo también para el juicio por encubrimiento. Pero si la Cámara lo rechaza, eso nos daría lugar a pedir que se vaya a un juicio total con los cinco imputados, más allá de que los delitos sean autónomos, y en el que vamos a cuestionar las calificaciones legales de las imputaciones”, completó Pérez.
