El juez de Control de Cosquín Ramiro Núñez advirtió que, con los datos recolectados, “no existe mérito para acusar ni tampoco para sobreseer” a los policías acusados por el homicidio de Jonathan Romo en julio pasado en La Falda, por lo que devolvió el expediente a la Fiscalía de Instrucción para que profundice la investigación.
Para el juez, no está probado que los policías que intervinieron en la detención de Romo lo hayan asesinado de manera intencional por lo que deberán ampliarse los elementos de prueba, lo que ralentizará el proceso contra los seis efectivos.
A partir de la nueva investigación se podrá mantener la acusación original en base a nueva prueba recolectada o, eventualmente, modificarla a un hecho culposo (negligencia o impericia), es decir, que no hubo intencionalidad en el asesinato del hombre de 35 años.
El fallo fue firmado el pasado viernes, aunque el fiscal Raúl Ramírez, quien intervino originalmente en la causa, recién este lunes se abocará a lo resuelto, pudo saber La Estafeta.
En paralelo, la defensa de la familia de Romo deberá resolver si apela para que resuelva Casación o avala el regreso de la causa a su punto de partida. Lo que sí solicitará el abogado Luis Galli es que los seis policías liberados el 2 de diciembre pasado, cuando la investigación se consideró cerrada, vuelvan de inmediato a prisión.
“El fiscal dispuso el cese de la prisión preventiva porque no había más nada para investigar. Ahora que se pide seguir investigando vamos a pedir que vuelvan presos porque pueden entorpecer la investigación. No hay excusas”, señaló Galli a La Estafeta.
El fallo del juez Núñez es un alivio para los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri; los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez, todos acusados por homicidio calificado por abuso de sus funciones; y para el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, acusados por encubrimiento agravado. En estos dos últimos casos, por no haber denunciado lo sucedido ni haberlo hecho constar en el libro de guardia.
Ramírez los había enviado a juicio a fines del año pasado, por considerar probado que en la detención de Romo en el barrio de Río Grande y en la comisaría de La Falda, cuando el hombre atravesaba una crisis psiquiátrica, se habían producido maniobras “violatorias de los derechos humanos” que le provocaron una muerte violenta. Las defensas apelaron, por lo que el caso recayó en el Juzgado de Control, que ahora devolvió todo a Fiscalía.
El asesinato de Jonathan Romo, de 35 años, ocurrió el 10 de julio pasado y la autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica producida por un tercero, cuando estaba arrestado en la comisaría. Al ser indagados, todos los uniformados negaron los cargos y algunos, incluso, negaron conocer el protocolo para actuar ante una persona que sufre una crisis psiquiátrica.
