En una nueva jornada de protestas contra la construcción de la Autovía de Punilla, tres ambientalistas fueron detenidos este martes cuando bloqueaban maquinaria pesada en la zona de la Reserva del Río Yuspe.
Se trata de dos hombres y una mujer, que fueron trasladados a la comisaría de La Falda para prestar declaración. Fueron liberados pasadas las 20:30, aunque resultaron imputados por “turbación a la posesión y resistencia a la autoridad”.
Durante más de cinco horas medio centenar de asambleístas montó una protesta frente la dependencia policial, en reclamo de la liberación. La manifestación incluyó un corte temporal primero de Rivadavia y luego de la avenida Edén.
La tensión subió cuando los manifestantes se aproximaron a la puerta principal de la comisaría, secuencia que derivó en un importante desplazamiento de efectivos de infantería y canes, aunque la situación no pasó a mayores.
“Vamos a seguir resistiendo. Vamos a volver al lugar donde están las máquinas para impedir el avance de las obras. Nosotros no vamos a dejar de resistir. El conflicto social crece producto de que la Justicia no dicta la medida cautelar, que es lo que resolvería todo esto. Es lo que establece la Ley de Ambiente ante el aviso de un daño irreversible: el freno de la obra hasta que se resuelva el amparo, en el cual se contienen todas las evidencias y argumentos por los cuales decimos que esta obra es ilegal”, señaló a La Estafeta Eugenia Caraballo, de la asamblea San Roque Despierta.
Los asambleístas repudiaron las declaraciones de Montoto
Por otro lado, las organizaciones ambientales reunidas en el colectivo Unidos Por el Monte repudiaron las recientes declaraciones que el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, brindó a La Estafeta, en las que se refirió a los asambleístas como “extremistas con los que no se puede dialogar” (ver nota).
“Es muy grave y sobre todo falso. Son personas que están ejerciendo legalmente su derecho a la protesta, en una situación excepcional; los recursos judiciales presentados desde 2017 en el Poder Judicial no obtienen respuesta, obligando a la población a acciones que no ocurrirían si los jueces hicieran su trabajo. Es un intento de generar odio en la población no informada. Es una forma de incitación a la violencia y un desprecio por los derechos humanos y ambientales”, señalaron en un comunicado conjunto.
Además, remarcaron que “decir que ´no se puede dialogar´, es un planteo mentiroso para esquivar la realidad”, ya que “las vecinas y vecinos movilizados contra la autovía han demostrado su disposición al diálogo de muchas maneras” y, “en cambio, son las instituciones quienes se mantienen en silencio, especialmente el poder judicial, en evidente asociación con el gobierno provincial”.
“Es el gobierno provincial, los intendentes de Punilla y el poder judicial quienes no quieren dialogar”, subrayaron.