La fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, tomó declaración este jueves a siete asambleístas en el marco de la causa que inició de oficio por el desalojo del acampe que se realizaba en Molinari en protesta ante el inminente inicio de las obras de la Autovía de Punilla.
Según pudo saber La Estafeta, se trata de dos hombres y cinco mujeres que denunciaron un accionar violento e ilegal por parte de los efectivos policiales que participaron del operativo en la madrugada del pasado martes (ver nota).
«Denunciamos el uso del terrorismo para desalojarnos. El daño psicólogo y lesiones a algunas compañeras. Más violencia de género por ser policías varones agarrando a compañeras», señaló a La Estafeta una de las asambleístas que prestó declaración.
Por su parte, Kelm, manifestó a este medio: “A partir de acá, con la información que hay, continuamos con la instrucción de la causa”.
El hecho se produjo cerca de las 3:40 en el acampe que asambleas ambientales habían instalado sobre el Camino a la Candelaria, a unos 1.500 metros de la Ruta 38, en Molinari, como respuesta a la instalación de un obrador para la construcción del primer tramo de la Autovía.
Sin embargo, la fiscal Kelm aseguró que no hubo “ninguna orden de desalojo” de ese acampe y las autoridades policiales confirmaron que se actuó sin orden judicial porque, en realidad, “se los invitó a salir del lugar” y no hubo “ni el mínimo uso de la fuerza”.
“Desde la Fiscalía de Cosquín no se ordenó ningún desalojo. Tampoco han formulado denuncia penal de algún hecho delictivo al respecto. La información de un desalojo surge de los medios de comunicación. Ahora se está investigando de oficio”, indicó por entonces Kelm en declaraciones reproducidas por La Voz.
En tanto, el comisario José Mansilla, subdirector general de la departamental norte, negó que haya habido represión: “Se los invitó a salir del lugar y ellos accedieron. Algunos se enojaron con sus propios compañeros porque no les hacían el aguante. Se retiraron y dejaron algunas pertenencias”, indicó al mismo medio.
Los integrantes de las asambleas ambientales de la región mantienen su rechazo a esta obra y sus representantes legales pidieron ante la Justicia la impugnación de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, al tiempo que solicitaron una medida cautelar para frenar cualquier avance en la ejecución.
De hecho, este sábado a las 17:00 volverán a manifestarse en Cosquín con una jornada de protesta en la plaza San Martín.
«Es necesario dar una respuesta social determinante frente a la violencia e impunidad institucional que se está ejerciendo en Punilla. Responsabilizamos al Poder Judicial que, por su perversa inacción, continúa perpetuando la ilegalidad en el avance de esta obra con todo lo que ha traído aparejado, llegando a la violación de derechos humanos ejercido por las represivas fuerzas policiales, que responden al gobernador Schiaretti», indicó la convocatoria.
