La jueza de Control y Faltas 9 de Córdoba, María Celeste Ferreyra, hizo lugar al hábeas corpus presentado por ambientalistas que se encuentran movilizados en la provincia en rechazo a la construcción de las autovías. En su fallo, la magistrada exhortó a la Policía de la Provincia a que “se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria” de los asambleístas de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas “que se manifiesten pacíficamente” y recomendó además al Gobierno de Juan Schiaretti que elabore un protocolo de actuación específico para estos casos.
Ferreyra dispuso que la limitación en el accionar policial ante las protestas de los ambientalistas debe ser la norma, “siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos taxativamente previstos en el Código Procesal Penal”.
A la vez, la jueza solicitó a la jefa de la Policía de la Provincia, Liliana Rita Zárate Belletti, que haga conocer a todo el personal de la fuerza que “la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria; que las razones que la determinan deberán constar expresamente y que particularmente deberán tener las disposiciones plasmadas en el Acuerdo de Escazú”, que es ley en nuestro país.
“La situación que se nos presenta, el acoso y hostigamiento policial detallado por los defensores ambientales, es grave y no puede desconocerse que es el Estado el que tiene la obligación y responsabilidad de dar adecuada custodia a quienes están reconocidos y protegidos por el Acuerdo de Escazú”, indicó el fallo.
En un contundente escrito, la jueza calificó como “entendible y hasta loable la batalla que libran los activistas para combatir el menoscabo del ecosistema”, tras advertir sobre la “preocupante” situación ambiental provincial. De todos modos, no abordó en su pronunciamiento la cuestión de fondo que origina el conflicto -esto resulta materia del amparo ambiental y la medida cautelar actualmente radicadas ante la Cámara Contencioso Administrativa- sino solamente las denuncias sobre “violencia institucional”.
En este marco recomendó al Gobierno de la Provincia de Córdoba que, a través del Ministerio de Seguridad, elabore un protocolo destinado “específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internaciones, entre ellos los derechos ambientales”.
“Las personas protectoras del medioambiente, no sólo cuentan con todos los derechos reconocidos por aquel Acuerdo de Escazú (que es ley en nuestra nación), sino con todos los derechos reconocidos por la propia Constitución Nacional (…) Estos derechos no pueden verse menoscabados por el accionar desproporcionado de la fuerza policial bajo la justificación de “controlar a los manifestantes”, “asegurar el orden”, “habilitar el paso” o cualquier otra conducta que redunde contra los accionistas”, indicó Ferreyra.
El recurso de amparo había sido presentado en junio pasado por los representantes legales de las asambleas ambientales de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, con el fin de que “se resguarde la libertad ambulatoria, la seguridad e integridad física de las personas representadas, derechos que han sido violentados por las intimidaciones, detenciones ilegales y arbitrarias, represión, trato degradante, desapariciones transitorias de personas, entre otras prácticas llevadas a cabo por la fuerza policial”.
