La instalación de un terraplén sobre el Río Yuspe en el marco del avance de la construcción del primer tramo de la Autovía de Punilla generó inmediata reacción y repudio por parte de las asambleas ambientales de la región, mientras que el Gobierno de la Provincia salió a aclarar que se trata de un camino “temporal” que será removido cuando finalicen los trabajos del puente, restaurando entonces el cauce natural del río.
La construcción de este nuevo vado fue denunciado por vecinos/as que integran la “Brigada Territorial Yuspe”, quienes convocaron el viernes a una protesta en el lugar. La manifestación coincidió con el dictado de una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Córdoba que pide al Gobierno de la Provincia y a la empresa Caminos de las Sierras que entreguen informes que justifiquen la “licencia ambiental” para la construcción de esta megaobra.
La resolución de la Justicia responde a una medida cautelar solicitada por el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA) para que se ordene a la empresa a cargo de la obra “la suspensión de cualquier acto o trabajo que implique darle concreción” al proyecto de la Autovía, atento al impacto ambiental que generará en la región y a partir de nuevos incidentes y “deficiencias” producidas por el avance de las obras.
“La Brigada Territorial Yuspe se encontró a la empresa SACDE realizando movimiento de suelo sobre el Río Yuspe para la construcción de un terraplén. En el Estudio de Impacto Ambiental la empresa presenta un puente sobre pilotes algo muy distinto a lo que estamos viendo. Exigimos el cese del trabajo sobre el Río Yuspe hasta tanto aparezca la documentación que autorice este movimiento de suelo que no está registrado”, denunció la Asamblea Unidos Por el Monte.
La respuesta del Gobierno de la Provincia llegó por la tarde. A través de un hilo de mensajes en Twitter, se indicó que, “en el marco de la construcción de la obra Alternativa Ruta 38, se están llevando adelante trabajos a la altura del Río Yuspe” y que, en este caso, “se trata de la ejecución de un vado provisorio que servirá como camino de servicio temporal para la ejecución del nuevo puente”.
“Los trabajos cuentan con la autorización correspondiente emitida por la Administración Provincial de Recursos Hídricos el 16 de noviembre de 2022. El camino temporal será removido cuando finalicen los trabajos del puente, permaneciendo el cauce natural del río”, completó el texto oficial.
Resolución judicial
La resolución de la Cámara fue en respuesta a la sucesión de presentaciones por parte de las asambleas ambientales advirtiendo sobre la necesidad del dictado de la medida cautelar para frenar las obras, como la alteración del valor biológico de los ríos, el riesgo de afectación al patrimonio arqueológico, el impacto hídrico y la violación del derecho a protesta, entre muchos otros.
“Lo que hace la jueza es imprimirle tramite a la primera presentación de la impugnación de la licencia ambiental del año pasado, dándole 15 días a la Provincia para contestar esa demanda de nulidad, y a la vez 10 días hábiles para contestar los pedidos de informes, por ejemplo, con el tema de la modificación de la traza original, que es la que se debatió y aprobó. A la respuesta que reciba está sujeta la posibilidad de que se avance en alguna medida cautelar”, señaló a La Estafeta la abogada Marcela Fernández, una de las patrocinantes de la presentación de ISLYMA.
Entre otras disposiciones, la medida exige informes sobre la existencia de un plan de manejo de “asuntos patrimoniales” destinados a la preservación del patrimonio arqueológico, paleontológico y cultural ancestral. Este punto cobra especial relevancia luego de que se hallaran restos fósiles durante las excavaciones, lo cual también fue alertado por las asambleas ambientales.
Además, en el texto se solicita que se “intensifique y fortalezca la mesa de diálogo del Consejo de Participación Indígena para elaborar los consensos necesarios para preservar y salvaguardar el patrimonio arqueológico y paleontológico” y se informe “sobre los equipos técnicos y veedores que realizan, monitorean y fiscalizan las acciones” con el mismo objetivo.
Del mismo modo, se solicitó información sobre “la existencia de laboratorios para el trabajo de campo, el registro y la demarcación de los hallazgos junto a la puesta en valor de los elementos que se encuentren mientras se desarrolla la obra” y, además, que se brinden detalles sobre el impacto que las obras generarán sobre la cuenca hídrica del Lago San Roque y los correspondientes monitoreos sobre la calidad del agua.
