Integrantes de las Asambleas Ambientales del departamento salieron este miércoles al cruce de las declaraciones del presidente de Caminos de las Sierras, Jorge Alves, y remarcaron que aún se encuentra pendiente de resolución definitiva un recurso de amparo para frenar el inicio de las obras de la Autovía de Punilla.
“Lamentamos y repudiamos los dichos del presidente de Camino de las Sierras dando a entender que la Justicia ´rechazó´ las presentaciones realizadas por grupos ambientalistas (…) Dichas afirmaciones son falsas y engañosas y tienen como objetivo aparentar una legalidad respecto de esta obra plagada de irregularidades, para confundir a la población haciéndole creer que ´han cumplido con todos los requisitos´”, señalaron los asambleístas en un comunicado difundido en redes sociales.
Al respecto, destacaron que “aún se encuentra pendiente de resolución definitiva” del amparo presentado por el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA), en trámite ante la Cámara Contencioso Administratvo de 2da nominación de Córdoba. Y agregaron que dicho tribunal “aún no se ha expedido sobre el rosario de ilegalidades expuestas y manifestadas en múltiples presentaciones realizadas por los amparistas, e incluso está aún bajo análisis un nuevo pedido de medida cautelar precautoria”.
Los asambleístas se pronunciaron de este modo luego de que Alves señalara en declaraciones al portal La Política Online que el primer tramo de la Autovía de Punilla comenzará en los próximos días en cuatro puntos en simultáneo , ya que “la Justicia rechazó todas las presentaciones realizadas por grupos ambientalistas” (Ver nota).
Por otra parte, señalaron que existe “un discurso perverso” en los dichos de Alves con respecto a la situación de quienes podrían ser expropiados. En este sentido advirtieron que “los procesos de expropiación en relación a esta obra no están aún resueltos” y que, además de la “situación angustiante” por esa incertidumbre, “las posibles expropiaciones generarían pérdida de la propiedad, del lugar que se eligió para vivir y/o de la fuente de trabajo, sin un resarcimiento acorde al daño sufrido”.
“Denunciamos a Alves por desinformar a la población en un tema tan delicado como es una resolución judicial y, como si fuera poco, profundizar el daño psicólogo que esta obra está trayendo a quienes serían directamente afectados. Sumando así una mentira más a las tantas a las que nos tienen acostumbrados el gobernador Juan Schiaretti y sus cómplices”, manifestaron los asambleístas.
Y completaron: “Los vecinos y vecinas del Valle de Punilla, como defensores ambientales y comunidades indígenas, reafirmamos que seguiremos asumiendo nuestro deber constitucional de defensa del ambiente y territorio ancestral hasta tanto se expida el tribunal sobre el fondo del asunto”.
