La Municipalidad de Capilla del Monte anunció este viernes una reducción de salarios de funcionarios y un recorte de gastos, en medio de duras críticas al gobierno nacional, al que acusó de implementar un “insoportable ajuste económico y social”.
En paralelo, denunció una deuda de más de 40 millones de pesos por parte del PAMI por prestaciones realizadas en el Hospital Municipal Américo Luqui que, advirtió, “tensiona el sistema de salud”.
Puntualmente, el Ejecutivo dispuso una reducción del 15% —junto con su congelamiento— en los salarios de funcionarios del Ejecutivo, concejales y tribunos de cuentas. Además, se aplicarán recortes en “horas extras, combustible y gastos operativos”, se informó oficialmente.
“Se trata de decisiones que reflejan el impacto directo del insensible ajuste del gobierno libertario sobre la estructura del Estado local. La retracción económica, la abrupta caída del consumo en general y de bienes y servicios esenciales, en particular derivó en una merma cercana al 26% de los ingresos por coparticipación, afectando de manera directa la capacidad operativa”, remarcó el Ejecutivo en un comunicado.
Y agregó: “El severo deterioro responde a un esquema de políticas que ha desplazado responsabilidades esenciales hacia los municipios sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas. Esta deserción del Estado nacional obliga a las administraciones locales a asumir costos crecientes en áreas sensibles, mientras enfrentan una recaudación en retroceso y una demanda social en aumento”.
En relación con la deuda del PAMI, la Municipalidad señaló que el cuadro es “alarmante” y pone bajo “máxima presión al sistema de salud local”.
“En nuestro Hospital Luqui, seis de cada diez pacientes pertenecen al PAMI, lo que expone la magnitud del problema. La falta de pago por parte de la obra social nacional de jubilados y pensionados no solo pone bajo máxima presión al sistema de salud local, sino que también traslada una carga indebida a los gobiernos municipal y provincial”, advirtió.
Y concluyó: “El municipio exige al gobierno nacional que asuma las responsabilidades que le corresponden y cese en la transferencia de obligaciones que vulneran derechos básicos y vitales, entre ellos el de la salud”.
