En un trámite exprés, el oficialismo logró aprobar este miércoles en la Legislatura de la Provincia una modificación en la Ley de Ambiente, particularmente en los anexos donde se enumeran los proyectos sujetos obligatoriamente a estudios de impacto ambiental y audiencia pública, lo que generó el inmediato repudio de organizaciones ambientales.
A partir de esta reforma se reducen las exigencias en los requisitos para realizar loteos, asentar silos para el acopio de granos y, además, instalar antenas de telefonía celular. Al momento de informar la iniciativa ante el pleno, la legisladora Nadia Fernández señaló que no es una reforma “de ninguno de los aspectos esenciales de la ley, sino que sólo se modifican parcialmente puntos específicos de los anexos que obedecen casi pura y exclusivamente a objetivos prácticos y de técnica legislativa, a los fines de dotarla de mayor efectividad”.
Este argumento fue rechazado por los representantes de la oposición en una sesión que no fue presenciada por los representantes de Juntos-UCR, que se habían retirado previamente del recinto en señal de protesta por la negativa del oficialismo a debatir sobre tablas la muerte de recién nacidos en el Hospital Neonatal. También las organizaciones ambientales de la provincia reclamaron el veto de la reforma, por entender que violaría el principio de progresividad y no regresividad en materia ambiental.
“Desde el Foro Ambiental Córdoba demandamos el veto de la ley que reformó los anexos de la Ley Provincial 10.208. El motivo de la demanda del veto a la ley es que el proceso no contó con la información y participación ciudadana impuestos por el Acuerdo de Escazú, vigente por Ley Nacional 27.566. También violaría el Principio de Progresividad impuesto por el artículo 4° de la Ley General del Ambiente 25.675”, indicó la organización en un comunicado.
El proyecto fue propuesto por la Secretaría de Ambiente y firmado por el gobernador Juan Schiaretti. El martes pasado había recibido despacho en la comisión de Ambiente de la Legislatura, aunque no se convocó allí a especialistas ni a representantes de organizaciones interesadas.
Entre las modificaciones, la que genera más repercusión es aquella que autoriza loteos de hasta 25 lotes (hasta ahora era de 3 hectáreas) que pueden ser aprobados sin el requisito de estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Por otro lado, a partir de ahora los proyectos de plantas de silo que deberán llevar estudio ambiental con audiencia pública se fijan en aquellos de más de 2.500 toneladas y en zonas urbanas, mientras que las antenas de telefonía celular no deberán emitir el aviso de proyecto a la Provincia si ya fueron aprobados por las autoridades municipales.
En cuanto a los desmontes para obra pública ahora se remitirán a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814, del 2010, en la que se establecen los distintos niveles o grados de conservación actual de los bosques nativos y las intervenciones factibles de realizar en cada sector o zona. Se esta manera se presentarán estudios de impacto ambiental cada vez que se refieran a obras públicas, de interés público o de infraestructura, como ocurrió en el caso de la Autovía de Punilla.
