Organizaciones ambientales, universidades y centros de rescate que impulsan la campaña “Córdoba sin Tramperos” reclamaron a la Legislatura que avance en el tratamiento de la iniciativa que prohíbe la fabricación, comercialización y distribución de tramperos, y otros dispositivos similares, para prevenir la captura ilegal de fauna silvestre en la provincia, especialmente de aves.
El proyecto comenzó a tratarse a principios de septiembre en la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables, presidida por el legislador oficialista Abraham Galo. Si bien especialistas e instituciones expusieron sus fundamentos, la comisión no volvió a ser convocada para emitir dictamen.
Según cifras de la Policía Ambiental, entre 2021 y 2026 fueron secuestradas más de 7.000 aves silvestres en Córdoba que habían sido capturadas para su comercialización a través del tráfico ilegal de fauna o para su tenencia como mascotas.
La problemática se repite de manera constante en distintos puntos de la provincia e impacta también en Punilla. De hecho, este viernes, efectivos de la Patrulla Rural Noroeste y personal de Policía Ambiental realizaron dos allanamientos en Santa María de Punilla y en la Pampa de Olaen (zona rural de La Falda), en los que se secuestraron 15 aves, ocho tramperos y otras ocho jaulas con tramperos incluidos.
Entre las aves rescatadas había una loica, cuatro reinas moras, un zorzal, dos semilleros, dos cabezas negras, un jilguero, dos corbatitas y una calandria. Todas fueron liberadas en sus hábitats tras los procedimientos, mientras que los elementos utilizados para su captura fueron destruidos.
En este sentido, en los fundamentos del proyecto, las organizaciones advierten que, si bien la normativa nacional y provincial vigente sanciona distintas conductas vinculadas a la captura y tenencia ilegal de fauna, no establece una prohibición específica sobre la fabricación, comercialización, distribución y circulación de los elementos que hacen posibles esas prácticas. Entre las excepciones mencionan antecedentes como los de San Juan, La Pampa y Colonia Caroya (Córdoba), que avanzaron con regulaciones sobre los tramperos.
Según remarcan, el tráfico de fauna no solo reduce las poblaciones de especies en sus ambientes naturales, sino que también altera las funciones que cumplen en los ecosistemas, como la dispersión de semillas, el control de otras poblaciones y el mantenimiento de las cadenas alimentarias.
A esto se suma el impacto sobre los centros de rescate, que deben afrontar los costos de alimentación, atención veterinaria y rehabilitación de los ejemplares secuestrados, mientras que muchos animales llegan con lesiones o secuelas que les impiden regresar a la naturaleza.
Además, advierten sobre los riesgos sanitarios del comercio ilegal de animales silvestres. Las condiciones de hacinamiento, manipulación y traslado, sumadas a la elevada mortandad durante el proceso de captura y comercialización, favorecen la transmisión de enfermedades entre animales y personas.
La campaña Córdoba sin Tramperos es impulsada por los centros de rescate Tatu Carreta, Proyecto Carayá, Parque Ecológico Urbano Río Cuarto, Casablanca y Pumakawa; la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad Católica de Córdoba; las organizaciones Aves Argentinas y Mil Aves; el Foro Socioambiental; la Secretaría de Ambiente de Córdoba; Policía Ambiental; la Administración de Parques Nacionales Región Centro y el Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Desde su lanzamiento, la campaña recolectó más de 9.400 firmas en adhesión a la propuesta. Para acompañarla, se puede sumar una firma aquí.
