La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) habilitó el juicio abreviado para los tres efectivos de la Policía de Córdoba imputados por el crimen de Jonatan Romo en la comisaría de La Falda en julio de 2022.
Sin embargo, este martes, el abogado de la familia Romo, Gustavo Pérez, presentó ante el TSJ un recurso extraordinario federal para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En diálogo con La Estafeta, Pérez afirmó que, si el TSJ no admite el recurso, insistirán como querellantes de la causa ante el máximo tribunal de justicia nacional mediante un recurso de queja directo.
“No vamos en contra del TSJ, sino de lo que determina la resolución. Consideramos que no se ha tratado en profundidad que la muerte de Jonathan Romo se dio bajo custodia policial, cuando estaba esposado con las manos atrás y había sido trasladado a la comisaría de La Falda”, sostuvo Pérez.
“La familia de Jonatan quiere un juicio oral y público donde se valore toda la prueba y la sociedad sepa cuál fue la responsabilidad y culpabilidad de cada funcionario, no una acordada entre la Fiscalía y la defensa de los imputados, en la que la oposición de la familia no es vinculante”, agregó.
El pasado viernes, la Sala Penal del TSJ había desechado el recurso de queja presentado por Pérez contra la resolución de la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores que, en abril pasado, había habilitado una condena mediante juicio abreviado para los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri y el cabo Hernán Suárez, imputados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”.
La decisión de la Cámara se produjo luego de que la defensa de los acusados presentara un recurso contra la resolución del Juzgado de Control de Cosquín, que en dos oportunidades se había pronunciado en contra de un juicio abreviado.
Bajo la actual imputación —también objetada por la familia—, Aguilera, Geri y Suárez podrían ser condenados a una pena de entre uno y cinco años de prisión. En caso de ser juzgados mediante un juicio abreviado, la condena se reduciría a un año y seis meses de prisión, además de cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público, y quedarían en libertad condicional.
- El juicio por encubrimiento continúa en pausa
En paralelo, la indefinición obligó a la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje a postergar el inicio del juicio contra los dos policías imputados por encubrimiento agravado en la causa.
La postergación había sido acordada entre las partes, a la espera de la resolución del TSJ.
El inicio del debate por el encubrimiento, que tiene como imputados al subcomisario Pablo Zárate y al agente Lucas Giménez, había sido estipulado para el 6 de agosto, aunque continuará en pausa.
