La Cámara en lo Criminal de Villa Dolores habilitó el juicio abreviado para los tres efectivos imputados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”, en el marco de la causa por el crimen de Jonatan Romo, ocurrido en 2022 en la comisaría de La Falda.
Sin embargo, el abogado de la familia Romo, Gustavo Pérez, adelantó que presentará un recurso de casación ante la Cámara para que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revise la decisión, adoptada el pasado miércoles 8 de abril.
“La Cámara hizo lugar a la apelación de la defensa y habilitó el juicio abreviado, por eso vamos a presentar un recurso de casación para ir al TSJ. Si la Cámara no lo otorga, inmediatamente vamos a presentarnos en queja ante el TSJ. Si ambas presentaciones no prosperan, vamos a interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. Estamos pidiendo que el juicio sea oral y público”, afirmó a La Estafeta Pérez.
La defensa de los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri, y del cabo Hernán Suárez, había apelado la resolución del juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, quien a finales de 2025 —y en dos oportunidades— rechazó el acuerdo entre la Fiscalía de Instrucción de la causa y la defensa de los acusados para la realización del juicio abreviado.
Con la imputación actual, Aguilera, Geri y Suárez podrían ser condenados a una pena de entre uno y cinco años de prisión, aunque, en caso de avanzar el juicio abreviado, los efectivos aceptarían su culpabilidad y quedarían en libertad condicional con una condena de un año y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público.
Según los fundamentos de la resolución de la Cámara, “el acuerdo sobre una pena de un año y seis meses de ejecución condicional cumple con los extremos de la escala penal y ha sido consentido por el Ministerio Público Fiscal en ejercicio de sus facultades de persecución”.
Y agrega que la decisión del juez de Control “constituye un obstáculo injustificado que afecta el derecho de los imputados a la conclusión anticipada del proceso y la eficiente administración de los recursos del Estado”.
En paralelo, el juicio oral por encubrimiento
En paralelo, el 12 de marzo pasado, la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje fijó la fecha de inicio del juicio oral y público contra dos policías imputados por encubrimiento en la causa.
El debate comenzará el próximo 6 de agosto y se extenderá durante otras tres jornadas: 7, 10 y 13 de ese mes, según se dispuso en la audiencia preliminar llevada a cabo en los tribunales de Cruz del Eje.
Los imputados son el subcomisario Pablo Zárate y el agente Lucas Giménez, quienes llegarán al juicio en libertad y enfrentarán una acusación con una posible pena de entre tres meses y seis años de prisión en caso de ser declarados culpables.
Si bien en esa oportunidad la Cámara planteó también la posibilidad de llevar a cabo un juicio abreviado, finalmente la alternativa fue desestimada por las partes.
