La Cámara de Apelaciones de Villa Dolores decidió morigerar las imputaciones de los seis policías implicados en el crimen de Jonatan Romo, en La Falda.
Los camaristas hicieron lugar el pasado viernes al planteo de las defensas de los efectivos y disminuyeron la gravedad de las imputaciones, cambiándolas de «homicidio doloso” a “culposo” por “imprudencia y un exceso en la legítima defensa».
Así lo confirmó el abogado de la familia Romo, Gustavo Pérez, quien adelantó que apelarán la medida a través de un recurso de casación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
“Pasamos de un homicidio doloso a uno culposo por imprudencia y exceso, según ellos, en la legítima defensa, cuando está corroborado en la causa, no con un grado de probabilidad sino de certeza porque actuó un equipo médico forense del Poder Judicial de Córdoba, que determinó que el deceso de Jonatan se debió a una asfixia mecánica producida por el accionar de los policías intervinientes en el hecho”, afirmó Pérez a Canal 10 de Córdoba.
Se trata de los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri; los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez, que hasta el momento estaban imputados por homicidio calificado por abuso de sus funciones, y el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, sobre quienes pesaba una imputación por encubrimiento agravado, por no haber denunciado lo sucedido ni haberlo hecho constar en el libro de guardia.
En abril de 2024, el fiscal Raúl Ramírez (hoy fuera de la causa e imputado por encubrimiento en un caso de narcotráfico que involucra a efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Cruz del Eje) había elevado a juicio a los seis policías por homicidio y encubrimiento en el crimen de Romo.
Sobre la ausencia de un fiscal, Pérez, completó: “Desde la Fiscalía General de la Provincia nos dicen que ya fue nombrado un nuevo fiscal, la cuestión es que los plazos no corren”.
El asesinato de Jonatan Romo, de 35 años, ocurrió el 10 de julio de 2022 y la autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica producida por un tercero, cuando estaba arrestado en la comisaría de La Falda.
Según había considerado probado Ramírez en la segunda elevación a juicio del caso, la detención de Romo en el barrio de Río Grande y en la comisaría se produjo cuando el hombre atravesaba una crisis psiquiátrica y se produjeron maniobras que le provocaron una muerte violenta.
En su primera indagatoria, todos los uniformados negaron los cargos y algunos, incluso, negaron conocer el protocolo para actuar ante una persona que sufre una crisis psiquiátrica.
