La Municipalidad de Huerta Grande prohibió la publicación digital o mediática de datos que “expongan, tergiversen o dañen” a menores de edad o instituciones educativas locales. La medida alcanza a redes sociales y medios de comunicación y establece, entre otras sanciones, multas económicas y la exigencia de rectificación pública.
Además, se creó un Consejo Municipal de Convivencia Digital -que se reunirá por primera vez el próximo 4 de junio- integrado por representantes del municipio, instituciones educativas, prensa local y organizaciones sociales, que tendrá como objetivo la emisión de recomendaciones, recepción de denuncias y reclamos; mediación en conflictos y la promoción de talleres de formación ciudadana digital.
Fue a través de la ordenanza 1960/25 presentada por la concejala opositora Verónica Fabro, y luego trabajada en conjunto por el interbloque del Concejo Deliberante y el Ejecutivo, lo que le valió finalmente su aprobación por unanimidad.
La norma implica la adhesión de la Municipalidad a la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y alcanza a “cualquier persona, medio de comunicación o red social” que difunda “información incompleta o no verificada que mencione instituciones educativas o que identifique directa o indirectamente a menores de edad; fotografías de establecimientos escolares sin autorización previa y señalamientos que puedan generar alarma pública o estigmatización”.
Puntualmente, se hace foco en la prohibición de publicar datos que permitan “identificar a menores involucrados en situaciones conflictivas o de presunta violencia; fotografías de espacios escolares que den a entender erróneamente la localización o responsabilidad institucional y noticias sin chequeo mínimo de fuentes, en especial cuando se trata de temas sensibles como violencia familiar, escolar o institucional”.
Finalmente, respecto a las sanciones, se establece una advertencia formal; multa económica en caso de persistir con las publicaciones; el retiro de publicidad oficial para el caso de medios contratados y la exigencia de rectificación pública.
“Fueron varios episodios durante los últimos seis meses, que se dieron en ámbitos locales, con situaciones que se conocían por las redes antes de que actuara la Justicia o los organismos de protección de las personas. Las multas económicas las va a fijar la Justicia o en caso de que se trate de un daño municipal el Tribunal de Faltas, pero la idea es ser un soporte más para las personas y trabajar en la prevención para atacar este problema social”, señaló a La Estafeta el presidente del Concejo Deliberante, Augusto Anghillantte.
