¿Qué dice la Guía de Procedimiento ILE que rige en Córdoba?

¿Qué dice la Guía de Procedimiento ILE que rige en Córdoba?

   La “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles”, contemplada en el artículo 86, inciso 1° y 2° del Código Penal, rige en la Provincia de Córdoba desde 2012, aunque su aplicación estuvo suspendida hasta septiembre de 2019 por una medida cautelar interpuesta por la ONG Portal de Belén, que finalmente fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Esta guía tiene como objeto indicar a los profesionales de la salud pública de la provincia cómo deben proceder frente a un pedido de aborto fundamentado en que corra peligro la vida o la salud de la embarazada; como así también en los casos de que el embarazo sea producto de una violación.
   Este protocolo deja en claro que “no es necesaria la denuncia” para que una mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación y que sólo es un requisito una declaración jurada y la firma de un consentimiento. En todos los casos, el cuerpo médico deberá garantizar “una pronta y segura respuesta a la embarazada demandante del aborto no punible”.
   El texto agrega que si bien los profesionales de la salud, ante la solicitud de la realización de un aborto no punible, “podrán ejercer su derecho a objeción de conciencia”, deberán informarlo “inmediatamente al director del hospital y en ningún caso podrá aparejar demoras que comprometan la atención de la requirente” de la ILE.
   En este sentido, la Guía es precisa al señalar que “la autoridad de la institución, inmediatamente de conocida la objeción de conciencia, deberá arbitrar los medios para organizar el servicio en aras de garantizar la atención de la paciente”. Y que, para el supuesto de que en esa institución no cuente con otro médico que pueda realizar las prácticas abortivas, “deberá poner en conocimiento a la Secretaría de Atención Medica del Ministerio de Salud de la Provincia, que deberá arbitrar los medios para garantizar la prestación en cuestión”.
   “La información falsa, o dilación injustificada por parte de los profesionales de la salud y/o las autoridades hospitalarias, importan conductas sujetas a responsabilidad administrativa, civil y/o penal”, señala el protocolo.